# Contraloría investiga áreas ociosas en el Centro de Justicia Campo Verde de Bosa
*La entidad fiscalizadora revisa la gestión del complejo judicial ejecutado por Findeter y la Alcaldía, cuyo contrato interadministrativo ascendió a $74.216 millones en 2018.*

- Medio: La Voz Bogotá (https://lavozbogota.com)
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- Sección: Obras
- Autor: Redacción
- Publicado: 2026-10-14T07:18:43.704Z
> La Contraloría investiga el uso de áreas ociosas en el Centro de Justicia Campo Verde de Bosa, ejecutado en 2018 por $74.216 millones entre la Alcaldía y Findeter.

## Las claves

- La Contraloría investiga áreas sin uso en el Centro de Justicia Campo Verde de Bosa.
- El contrato interadministrativo fue firmado en 2018 entre la Alcaldía y Findeter por $74.216 millones.
- Se busca determinar si la inversión corresponde con la utilidad real del complejo judicial.

La Contraloría General de la República ha iniciado una investigación formal sobre las áreas sin uso identificadas dentro del Centro de Justicia Campo Verde, ubicado en la localidad de Bosa. Este escrutinio se centra en la gestión y el aprovechamiento real de los espacios construidos en esta infraestructura judicial, lo que podría derivar en hallazgos sobre la eficiencia en el gasto público distrital.

El complejo fue desarrollado a través de un contrato interadministrativo firmado en 2018 entre la entonces Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Fundación Financiera para el Desarrollo (Findeter). La inversión total registrada para la ejecución de esta obra ascendió a $74.216 millones de pesos, una cifra que ahora es analizada bajo la lupa fiscalizadora para determinar si los recursos corresponden efectivamente con la utilidad y operatividad actual del sitio.

La intervención de la Contraloría en este caso resalta la atención que las autoridades están poniendo a las obras de infraestructura pública en Bogotá. Al revisar específicamente las áreas sin uso, se busca garantizar que los recursos asignados para la seguridad y la justicia en localidades como Bosa estén cumpliendo su propósito social y operativo, evitando el desperdicio o la subutilización de bienes estatales.
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