El Concejo de Bogotá aprobó una disposición que establece un filtro de seguridad estricto para los procesos de contratación pública. A partir de ahora, todas las entidades distritales deberán verificar rigurosamente los antecedentes judiciales de los posibles contratistas, con especial énfasis en la comisión de delitos sexuales contra niños.
La medida busca blindar la administración pública y proteger a la población infantil, estableciendo que aquellas personas o empresas que hayan sido condenadas por este tipo de crímenes no podrán celebrar contratos con el Distrito Capital. Esta prohibición se suma a los mecanismos existentes de transparencia para evitar que quienes han cometido delitos contra menores tengan acceso a recursos públicos o contraten con la Alcaldía, según informamos en Concejo de Bogotá inicia nueva etapa para fortalecer la igualdad de género.
Esta decisión responde a la necesidad de garantizar que la gestión de los recursos distritales esté en manos de personas íntegras y sin antecedentes graves que pongan en riesgo el bienestar social. La verificación de estos antecedentes se convierte en un requisito indispensable para participar en las licitaciones y procesos administrativos del gobierno local.
